Durante los últimos años hemos escuchado hasta la saciedad que el Sector Inmobiliario-Constructor es improductivo, -pues parecía muy rentable en política cargar las culpas de la crisis sobre un colectivo concreto, ya de por sí, mal visto por la amplia mayoría de la sociedad española-.

Lo cierto es que durante meses fuimos bombardeados desde el Estado con una avalancha de medidas para modificar de la noche a la mañana nuestro tejido productivo, que se decía ineficiente por su alta dependencia al archiconocido “ladrillo” del que están hechas, por ejemplo, las nuevas torres de Madrid, sin duda alguna, monumentos a la improductividad y al pasado medieval.

Se han cargado mucho las tintas contra el Sector; a veces injustamente y, probablemente, a veces con mucha razón. Pero nada se ha dicho hasta ahora de la elevadísima presión fiscal que soporta la actividad constructora y la compraventa de viviendas, lo que repercute finalmente en un único colectivo: los compradores.

Si los costes asociados a la compraventa de viviendas en Europa sobrepasan ligeramente el 5% de media, en España superan con creces el 11%, lo que supone más del doble que la media europea y de países a los que pretendemos equipararnos con tanta insistencia, como Alemania. Esta divergencia tan destacada de los costes asociados a la compraventa de viviendas que tenemos en España está liderada por la elevada presión fiscal que afecta a nuestro mercado inmobiliario y en parte también, por los tipos de interés a los que contratamos los españoles las hipotecas, que de ninguna manera se equiparan a los tipos europeos. Y estos datos sólo se refieren a los costes de los actos directos de compraventa, por lo que si contamos con los gravámenes aplicados desde el principio del proceso urbanizador, obtendremos porcentajes en torno al 20% del precio final de las viviendas, tal como ha señalado el Registro de Economistas Asesores Fiscales. Si estamos de acuerdo en que los precios de la vivienda se deben ajustar a la capacidad adquisitiva de los compradores, -y de ello se encarga convenientemente el mercado siempre y cuando no medien fuerzas interesadamente intervencionistas-, ¿no es una soberana hipocresía mantener la elevadísima carga impositiva que afecta a la vivienda?

Muchas personas han interpretado la reducción del IVA sobre vivienda al 4% como un acto de manifiesto apoyo del actual Gobierno al Sector Inmobiliario-Constructor; pero son menos los que, en un razonamiento inverso, se sorprenden de que la compraventa de viviendas se grave con un 8% como lo más natural del mundo. En efecto, si nos centramos en el proceso de formación de la vivienda, apreciamos que la compraventa de suelo se grava habitualmente* con un 18% de IVA, a lo que se suman las tasas administrativas correspondientes a los expedientes de planeamiento para desarrollar el suelo, proceso que se alarga en el tiempo muy por encima de los márgenes establecidos por la Ley, de modo que, tanto los intereses financieros de los promotores que desarrollan el suelo como la restricción de éste en el mercado retroalimentan la escalada de costes en el producto final: la vivienda. Sabido es que para obtener una Licencia de apertura de un negocio local en España se sobrepasan habitualmente los límites temporales de los procesos administrativos hasta lo insufrible, originando pérdidas irreparables a la iniciativa privada de los ciudadanos, pero tal vez sea necesario recalcar que en el proceso de desarrollo de vivienda se tardan de media más de 7 años desde la compra de suelo hasta la venta final de las viviendas, en ocasiones, incluso más de 15 años…

En el proceso urbanizador, los promotores de viviendas no sólo sufragan unos engorrosos y elevados gravámenes sobre el planeamiento, sino que están sujetos a la dilatación insufrible de los procesos administrativos, cada vez más irrelevantes y arbitrarios; las cesiones de suelo a los Ayuntamientos, (viales, parques, jardines, suelos de equipamiento, suelos para una VPO que posteriormente no se desarrolla desde los poderes públicos, etc.), son cada vez más excesivas, lo que se carga posteriormente en el precio de las viviendas promovidas, pues no se piense que es algo que el promotor profesional pierde en el proceso. A toda esta batería de tasas impositivas se suman las Licencias de Obras, (que en muchos Municipios sobrepasan más del 6% del PEM), las Licencias de Primera Ocupación, los avales y fianzas por conceptos varios, los aumentos de las tasas de servicios municipales y lo que es aún más lacerante, el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles en un momento en que se supone que el precio de la vivienda baja en todo el país. Y todavía se ha recuperado el Impuesto sobre el Patrimonio, castigando al ahorrador y forzando la huida de inversores extranjeros, con la demagógica cantinela de cargar al “rico” en beneficio del “pobre”, como si en España sólo tuvieran propiedades los ricos y, más aún, éstos fueran una diana a la que disparar en tiempos de crisis, sembrando el mito de que es mejor ganar poco para pagar menos que ganar mucho y que lo expriman a uno en beneficio del derroche público que amenaza con hundirnos en una deuda infinita.

Si el actual Gobierno de España, liderado por el Partido Popular, quiere presumir de liberal y mejorar el acceso a la vivienda, bien podría empezar por liberalizar el mercado del suelo, optimizar y reducir la ingente e insufrible cantidad de trámites que estancan la actividad del Sector Inmobiliario-Constructor, y reducir los gravámenes que se aplican sobre la vivienda, en vez de sufragar un insostenible e improductivo gasto público con un bien que es, por mandato constitucional y sin él, un derecho imprescindible de todos los españoles.

Via eleconomista.es