La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió con las inmobiliarias a que los ayuntamientos pongan suelo en el mercado para la construcción de unos 200.000 pisos de protección oficial (VPO) anuales.

Persigue el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad y el mantenimiento del empleo en el sector ante la crisis que atraviesa.

Así se establece en la declaración de intenciones suscrita entre Fernando Martín, presidente del G-14, el grupo de las principales inmobiliarias, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro.

El número de viviendas protegidas que los ayuntamientos impulsarán coincide con las que actualmente se demandan, según el G-14. En virtud de sus cálculos, de la actual demanda potencial de unas 450.000 viviendas anuales, entre 200.00 y 250.000 corresponden a VPO.

Para el también presidente y primer accionista de Martinsa-Fadesa, el acuerdo con la FEMP supone un "paso adelante" en el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, pero también un elemento "importante" en materia económica y de empleo para "dinamizar" el sector en un momento "especialmente sensible". "Se atraviesan los momentos menos brillantes de los últimos años", según dijo.

"En momentos de desaceleración, las reformas que ya eran necesarias y se planteaban en el pasado cobran ahora especial urgencia", añadió en referencia a la necesidad de promover pisos protegidos. En esta línea, el presidente de la FEMP consideró que si los ayuntamientos son capaces de cumplir con la promoción de este suelo "la crisis del sector puede empezar a ver la luz al final del túnel". Para ello, la Federación difundirá el acuerdo entre los ayuntamientos y les invitará a sumarse ya a adaptar al mismo sus políticas de vivienda y suelo.

Las dos instituciones pretenden además que este convenio constituya el primer eslabón en la consecución de un gran acuerdo nacional por la vivienda. Trabajarán para integrar en el mismo al Ministerio de Vivienda, al resto de patronales, asociaciones, sindicatos e instituciones relacionadas con el sector, e incluso al sector financiero.

En este punto, Fernando Martín aseguró que la banca no ha fijado ningún tipo de restricción financiera para el sector de la vivienda protegida, sino que, al contrario, "apuesta claramente" por este segmento, por lo que estima que no será difícil un acuerdo con ella.

Agilizar los trámites urbanísticos

En el convenio suscrito, la FEMP se compromete también a atender una de las históricas reivindicaciones del sector, esto es, fomentar la transparencia, flexibilidad y agilidad de las tramitaciones urbanísticas.

El G-14 advirtió recientemente de una eventual nueva escalada de los precios de los pisos en caso de que ayuntamientos y administraciones autonómicas no pusieran suficiente suelo en el mercado mediante la agilización de los trámites urbanísticos.

Asimismo, asumen la necesidad de construir las viviendas que la sociedad actualmente demanda flexibilizando los planes urbanísticos. Los firmantes apuntaron la posibilidad de hacer un mayor número de viviendas de menor tamaño, más asequibles y acordes con la demanda de este tipo de pisos. En virtud del convenio se creará una comisión paritaria de seguimiento para abordar los puntos del acuerdo y asignar el número de viviendas a promover en cada región y municipio.

Artículo Original de blogs.periodistadigital.